Después de más de dos décadas desde la promulgación de la Ley de Salud Mental de 1998, Portugal da un paso significativo al reemplazarla por un nuevo decreto. Este cambio surge como respuesta a la evolución registrada en el ámbito clínico, así como a los compromisos internacionales asumidos por el país ante organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea.

La nueva Ley de Salud Mental no solo actualiza y redefine los fundamentos y objetivos de la política de salud mental, sino que también consagra y regula los derechos y deberes de las personas que necesitan atención en esta área. Además, refleja un marco valórico que sitúa la dignidad de la persona humana como principio rector de todos los enfoques terapéuticos en este ámbito.

Uno de los cambios significativos introducidos por la nueva legislación es la introducción de medidas para garantizar la efectividad de los derechos de las personas necesitadas de atención de salud mental. Esta incluye la figura de la "persona de confianza", que es elegida por la propia persona en atención de salud mental para prestar apoyo en el ejercicio de sus derechos.

Además, se reconocen las directivas anticipadas de voluntad, lo que permite que las preferencias de la persona sean expresadas con anticipación.

Otra enmienda pertinente se refiere al tratamiento involuntario, que sustituye al internamiento compulsivo. Ahora, el tratamiento involuntario solo puede aplicarse en casos específicos, como la denegación de tratamiento medicamente prescrito, y debe estar orientado a la recuperación integral de la persona, respetando su autonomía en la medida de lo posible.

La preferencia por la realización del tratamiento involuntario en ambulatorio, siempre que sea posible, es otra innovación importante de la nueva ley, con el objetivo de integrar a la persona en la comunidad y reducir la necesidad de internamiento.

Además de los cambios directamente relacionados con la atención de salud mental, la nueva legislación también tiene un impacto en el sistema de salud forense. La revocación de ciertas disposiciones del Código Penal permite la terminación de las medidas de seguridad de internamiento que excedan la duración máxima prevista para el tipo de delito cometido por ciudadanos no imputables.

Para asegurar una transición suave hacia el nuevo régimen, el Gobierno coordinó esfuerzos entre los Ministerios de Justicia, Seguridad Social y Salud para caracterizar la situación clínica y social de las personas afectadas por el cambio legislativo y garantizar respuestas adecuadas a sus necesidades.

No obstante, es crucial destacar que estos cambios no son únicamente jurídicos, sino que también representan una evolución en la comprensión y enfoque de los temas relacionados con la salud mental. Al colocar la dignidad y los derechos de las personas en el centro, la nueva Ley de Salud Mental de Portugal demuestra un compromiso renovado con la promoción del bienestar y la protección de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental.